viernes, 17 de abril de 2015

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA CIVIL) 139/2015 de 25/3/15 SOBRE NULIDAD DE CLÁUSULAS SUELOS Y RECLAMACIÓN DE CANTIDADES VÁLIDO A PARTIR DE LA SENTENCIA DE 9 DE MAYO DE 2013



El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho público el texto de su sentencia,de 25 de marzo de 2015 (sentencia número 139/2015, ponente señor Baena Ruiz), por la que estableció que "el efecto restitutorio de las cantidades ya pagadas en virtud de cláusulas suelo declaradas nulas por falta de transparencia se producirá desde la fecha de la publicación de la sentencia de la propia Sala, de 9 de mayo de 2013."



Concretamente la sentencia dice:



NOVENO.- La Sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2013, al plantearse a instancia del Ministerio Fiscal el elemento temporal de la sentencia, analizó los efectos retroactivos de la nulidad para, a continuación, razonar la posibilidad de limitarla y concluir, en su sistematizado discurso, por declarar la irretroactividad de la sentencia en los términos que se especifican:

1. Recoge como regla general que la ineficacia de los contratos -o de algunas de sus cláusulas, si el contrato subsiste- exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de las mismas se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica "quod nullum est nullum effectum producit" (lo que es nulo no produce ningún efecto). Así lo dispone, y es el artículo clásico citado cuando se plantea el debate que nos ocupa, el 1303 del Código Civil, a cuyo tenor "[...] declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse reciprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se
dispone en los artículos siguientes".

2. La Sala refuerza esa regla general con cita de STS 118/2012 de 13 de marzo, Rc. 675/2009, y se trataría "[...] de una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la "condictio in debiti". Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente".

También cita en apoyo del meritado principio el que propugna el 1C 2000 al afirmar que "[l]a decisión judicial por la que se declara abusiva una cláusula determinada debe retrotaer sus efectos al momento de la conclusión del contrato (ex tunc)".

Finalmente recoge como esa regla la contempla el TJUE para el caso de nulidad de cláusulas abusivas en la Sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C-92/11, apartado 58.

3. La Sala, avanzando en la motivación de su discurso, afirma que no obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho, destacando de entre ellos el de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE).

A fin de evidenciar que la limitación de la retroactividad no es algo anómalo, novedoso o extravagante, cita una serie de normas y resoluciones que así lo atestiguan:

i) El artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pone coto a los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad y admite limitaciones al disponer que “[l] as facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”
ii) Singularmente, cuando se trata de la conservación de los efectos consumados, existen previsiones al respecto (Artículos 114.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; 54.2 de la Ley 17/2001 de diciembre, de Marcas y 68 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial).
iii) También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 junio, 281/1995 de 23 octubre, 185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12 febrero y 38/2011 de 28 marzo.
iv) En la misma línea se manifestó la justificación de la enmienda 2 al Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, presentada por el Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y por la presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para la adición de una Disposición transitoria nueva con el objetivo de aplicar límites a la variación a la baja del tipo de interés pactado en contratos de préstamo o crédito de garantía hipotecaria, en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar que tengan saldo pendiente de amortización a la entrada en vigor de la Ley, al proponer la ineficacia retroactiva y que “[l]a eliminación, en su caso, de la cláusula abusiva surtirá efectos económicos en la cuota del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente Ley”.
v) También esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad ya que “[l]a "restitutio" no opera con un automatismo absoluto, ya que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad” (STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009)

Como sentencia de cierre, a la hora de exponer la posibilidad de limitar la retroactividad, menciona la del TJUE de 21 de marzo de 2013, RWE, Vertrieb, ya citada, apartado 59, que dispone que: “[…] puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56; de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012, Rçdlihs, C-263/11, Rec. p. I-0000, apartado 59).

En esta sentencia del TJUE se encuentran los elementos básicos en los que la Sala, en su Sentencia de Pleno, fundó la irretroactividad de la misma, a saber, seguridad jurídica, buena fe y riesgo de trastornos graves.

4. Respecto del trastorno grave del orden público económico la sentencia de la Sala en la letra "K" del parágrafo 293 afirma que: "Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas."

Pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no se compadece con la motivación de la sentencia, pues el conflicto de naturaleza singular no es ajeno al conjunto de procedimientos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas en innumerables contratos origen de aquellos, como es notorio y constatable por la abundante cita de sentencias que sobre tal objeto se hace en la presente causa. Y esa fue la razón que retuvo la Sala en su sentencia. La afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos
macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto.

5. La Sala atiende a una serie de argumentos de los que colige, a la fecha de la sentencia, la buena fe de los círculos interesados y que como tales valora, a saber:

"a) Las cláusulas suelo, en contra de lo pretendido por la demandante, son lícitas.

b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas –el IBE indica como causas de su utilización el coste del dinero, que está constituido mayoritariamente por recursos minoristas (depósitos a la vista y a plazo), con elevada inelasticidad a la baja a partir de determinado nivel del precio del dinero, y los gastos de estructura necesarios para producir y administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero-.

c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE indica en el apartado 2 referido a la cobertura de riesgo de tipos de intereses que en España “[…] casi el 97% de los préstamos concedidos con la vivienda como garantía hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable”.

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado -su peso, afirma el IBE, ya en los años anteriores a 2004, alcanzaba casi al 30% de la cartera-.

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos – en cuyo caso procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más- , sino en la falta de transparencia.

f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la información en los términos indicados en el apartado 225 de esta sentencia.

g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias reglamentarias de información impuestas por la OM de 5 de mayo de 1994.

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según consta en el IBE a mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones.

i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus comportamientos económicos.

j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor."

Los anteriores argumentos, a los efectos aquí enjuiciados, se compadecen con una concepción psicológica de la buena fe, por ignorarse que la información que se suministraba no cubría en su integridad la que fue exigida y fijada posteriormente por la STS de 9 de mayo de 2013; ignorancia que a partir de esta sentencia hace perder a la buena fe aquella naturaleza, pues una mínima diligencia permitía conocer las exigencias jurisprudenciales en materias propias del objeto social.

6. La conjunción de tales elementos es la que motivó la conclusión de la Sala contenida en el parágrafo 294 cuando declaró la irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.

DÉCIMO.- Una vez expuesta la decisión de la Sala y diseccionada su motivación, se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la sentencia del pleno del 9 mayo 2013 no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia.

Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013, reiteradamente citada y sobre cuya clarificación nos pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; fecha que fue la fijada en ella en orden a la irretroactividad declarada.


DÉCIMO PRIMERO.- En atención a todo lo expuesto se estima el recurso de casación, confirmando la doctrina sentada por la sentencia del pleno del 9 mayo 2013, cuya cabal clarificación se ha llevado a cabo en la presente, y, asumiendo la instancia, se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de BBVA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, declarando que la entidad recurrente no viene obligada a la devolución de los pagos ya efectuados por los prestatarios a la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013.

sábado, 11 de abril de 2015

Extinguida la obligación de alimentos al hijo si accede temporalmente al mercado laboral incluso con retribución reducida



La sentencia, de fecha 17 de junio de 2014 (recurso número 278/2013 y ponente señora Noblejas Negrillo), de la Audiencia Provincial de Barcelona, determina que el acceso al mercado laboral, aunque sea con una retribución reducida o con contratos de trabajo temporales, es causa suficiente para dejar sin efecto la prestación de alimentos, por lo que declara extinguida la obligación de alimentos de un padre respecto de uno de sus hijos, de 25 años de edad y en tales circunstancias de temporalidad laboral.

La sentencia establece los siguientes fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Se alza el apelante contra la resolución impugnada en cuanto desestima su pretensión de que se extinga la pensión alimenticia para su hijo xxxx, que hoy cuenta con 25 años de edad, así como la reducción de alimentos a xxxxx, de 22 años, de la suma pactada en el convenio homologado por la sentencia de modificación de 27-4-2007, que a la demanda estaba en 178/mes por cada hijo, a la de 120 €/mes, solicitando se acceda a tales pretensiones.

Sentadas así las bases del recurso, antes de nada diremos que el art 233-7 del Código Civil de Cataluña prevé que las medidas ordenadas en un proceso matrimonial pueden modificarse, mediante una resolución judicial posterior, si varían sustancialmente las circunstancias concurrentes en el momento de dictarlas .

Por otra parte ha de distinguirse, como señala la sentencia del TSJC de 29-2-2012 , "sobre los alimentos de los hijos y la fijación de su cuantía esta Sala ha distinguido entre los debidos a los hijos menores de edad (STSJC 33/2005 de 5 sep.), por un lado, y los de los hijos menores emancipados (STSJC 56/2011 de 19 dic.) o mayores de edad que no hayan entrado todavía en el mercado laboral (STSJC 28/2006 de 4 jul.), por otro, para afirmar que, mientras en este caso la cuantía debe fijarse en función de lo que se necesario para el sustento, en el primer caso, debe atenderse al criterio más amplio del nivel familiar (STSJC 27/2011 de 16 jun.), en función del binomio necesidad del alimentista y posibilidad de los alimentantes, entre los cuales habrá que atender al principio de proporcionalidad de sus ingresos y de su contribución personal (SSTSJC 20/2007 de 30 may., 41/2008 de 11 dic., 44/2010 de 20 dic.), debiendo examinarse caso por caso y atenderse a las circunstancias concurrentes en la familia concreta de que se trate (STSJC núm. 22/10 de 31 may.), lo que los hijos menores, la determinación de su cuantía es facultad exclusiva del tribunal de instancia salvo razonamiento ilógico (STSJC 27/2011 de 16 jun.).

Por su parte la sentencia del mismo Tribunal de 19-12-2011 hace referencia a la doctrina sentada por la STS 749/2002, de 16 de julio, que declara:" ... La obligación de prestar alimentos a los hijos menores de edad (artículos 39.3 de la Constitución Española, 110 y 154.1º del Código Civil) tiene unas características peculiares que le distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los parientes e incluso los hijos mayores de edad (como ya puso de relieve la paradigmática Sentencia de 5 de octubre de 1993). Una de las manifestaciones es la relativa a la fijación de la cuantía alimentaria, que determina que lo dispuesto en los artículos 146 y 147 CC solo sea aplicable as (sic) alimento debidos a consecuencia de patria potestad (artículo 154.1º del Código Civil) con carácter indicativo, por lo que caben en sede de estos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia jurídica en sintonía con el interés público de protección de los alimentistas habida cuenta el vínculo de filiación de la edad..." .

Finalmente diremos que es criterio muy reiterado de esta Sala , que la interpretación del antiguo art. 76.2 del Código de Familia de Cataluña, más acorde con su finalidad, es la de entender que lo determinante para conceder alimentos a los hijos mayores de edad que convivieran en el domicilio familiar, es la carencia por los mismos de ingresos suficientes para subvenir a sus necesidades permitiéndoles vivir una vida independiente, y ello por más que la causa jurídica de la prestación no se encuentre entre los deberes inherentes a la patria potestad, sino en el deber general de alimentos entre parientes que se recoge en el art 259 y ss CF, con lo que ello implica en cuanto al contenido y extensión de tales alimentos. 

En el ámbito del CCC, art. 233-4 contempla también la posibilidad de fijar alimentos a favor de los hijos mayores de edad, en las mismas condiciones que el Codigo de Familia, pero se prevé de forma expresa que se mantengan dichos alimentos hasta que los hijos tengan ingresos propios o estén en disposición de tenerlos, lo que debe interpretarse en el sentido de entender que basta con que se encuentren en condiciones de acceder a un trabajo que les reporte ingresos -capacidad en abstracto - para que cese la obligación de alimentos de los hijos mayores dentro de un procedimiento de familia.

En nuestro caso desconocemos la cuantía que ingresaba el apelante a la firma del convenio; si consta que a mayo percibía una nómina de 1910,49 €. Fue despedido en julio 2011, por lo que percibió una prestación de 1087 ,12 € /mes hasta el 14-7-2013. Asimismo, consta en el procedimiento de ejecución de Acto de Conciliación que solo ha percibido de la indemnización de 64.773,02 €, cuatro pagos a 14-1-2012 de 4.318,20 € cada uno, de lo que hay que descontar 515,18 de honorarios. La demandada por su parte percibe una pensión por incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo de 1095,25 €, y paga una cuota mensual por un préstamo con garantía hipotecaria de 426,59 €.

xxxx,el hijo mayor trabajó, entre otros periodos anteriores, en Stradivarius España SL, entre el 31-7-2008 y 26-8-2009, es decir, 281 días, con una base de cotización de 1.009,55 €. En Zara trabajó 67 días con una base de cotización de 1041,49 € ahora trabaja para Cortefiel SL, siendo la última nómina aportada de 561 € a octubre de 2012.  xxxxx estudia Análisis Clínicos  y consta haber trabajado solo 27 días. Declaró unos rendimientos de trabajo netos en 011 de 1.516,85 €, es decir, 126,40 €/mes.

En estas circunstancias en relación a lo arriba mencionados estimamos que debe extinguirse la pensión de xxxxx y mantenerse la de xxxxx, esta última con las correspondientes actualizaciones en la forma determinada en la sentencia que se pretende modificar."

Aprobado proyecto de reforma del baremo de indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico



 El 9 de abril de 2015 se aprobó por el gobierno el Proyecto de Ley que reforma el sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de tráfico, vigente desde la entrada en vigor de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados y posteriormente modificado por el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

Esta ley:
  • Permitirá incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente;
  • Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y
  • Establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.

Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:
  •  Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media
  •  Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media


Según el Gobierno, algunos ejemplos que pueden ilustrar sobre los efectos del nuevo baremo son los siguientes:

A. ACCIDENTES:


1. Doctora, mujer médico otorrinolaringóloga, de renta de más de 60.000 Eur/año, que sufre amputación parcial de la pierna.

Baremo actual: 350.000 Euros (máximo)
Futuro Baremo: 750.000 Euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)
Diferencia: + 400.000 Euros
Porcentaje diferencia: +114 %

2. Bebe de un año queda tetrapléjico.

Baremo actual: 1.300.000 Euros (máximo)
Futuro baremo: 3.500.000 Euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA, tercera persona, readaptación de la vivienda, lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)
Diferencia: + 2.200.000 Euros
Porcentaje diferencia: + 169%

3. Atropello a 1 peatón de 21 años de edad, con antecedentes psiquiátricos, que sufre diversas fracturas y la amputación parcial de la pierna izquierda.

Baremo actual: 1.361.974,47 Euros
Futuro baremo: 1.554.845,72 Euros
Diferencia: + 192.871,25 Euros
Porcentaje diferencia: + 15%


B) FALLECIMIENTOS:


1. De oficinista de 32 años, casada hace 5 años con cónyuge de 35 años, con ingresos netos de 16.800 Euros con una hija de 2 años. Solo madre y sin hermanos.

Baremo actual: 192.203 Euros
Futuro baremo: 342.037 Euros
Diferencia: + 149.834 Euros
Porcentaje diferencia: + 78%

2. De padre de familia de 40 años, con ingresos netos de 38.000 Euros. Deja viuda de 30, un hijo de 3, otro de 6 y otro de 12. Deja padre y hermano (no dependientes económicamente ni convivientes)

Baremo actual: 335.519,31 Euros
Futuro baremo: 671.480,94 Euros
Diferencia: + 335.961,63* Euros
Porcentaje diferencia: +100,13%.
  • En concreto cada uno de los hijos menores multiplica por 2,8 la indemnización actual.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, impulsor de la medida, esta reforma es fruto del acuerdo entre las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y las entidades aseguradoras. En concreto, entre los colectivos que han aportado sugerencias durante la elaboración del Proyecto de Ley se encuentran el CERMI, Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y STOP ACCIDENTES, además de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial y numerosos facultativos sanitarios expertos en patologías provocadas por accidentes de tráfico.

jueves, 9 de abril de 2015

EL TSJ DE GALICIA CONCEDE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD CON LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES Y SIN EL REQUISITO DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO DE GALICIA



La Sala de lo Social del TSJ Galicia revoca el fallo dictado en primera instancia y dicta una sentencia de fecha 26 de febrero de 2015 (nº 1105/2015, Rec. 3942/2013 Ponente: señora Rey Eibe), en la que considera suficiente la publicidad de la inscripción en un Registro Municipal de Uniones Civiles para acreditar la existencia de la pareja de hecho a los efectos de derecho a cobrar pensión de viudedad, condenando al INSS al abono de la misma.

En primera instancia fue rechazada la reclamación al considerar que no se reunían los requisitos que acreditasen de forma fehaciente la existencia de la pareja de hecho.
La pregunta clave es: ¿la inscripción en el Registro de Uniones Civiles Municipal es suficiente a los efectos del requisito exigido en el art. 174.3 LGSS o por el contrario, era necesaria la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Galicia, creado por el Decreto 248/2007?

La sentencia de primera instancia, que se recurrió en Suplicación, desestimó la reclamación al considerar que la publicidad de la constitución como pareja de hecho se ha de realizar mediante la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Galicia, que requiere unos requisitos más exigentes que los que en su día exigían los registros municipales de parejas de hecho.

Ahora el TSJ de Galicia admite el recurso y estima el motivo alegado por el reclamante: con amparo procesal en el art. 193.c de la LRJS, plantea la infracción del art. 174.3 LGSS en relación con el art. 27 del Decreto 248/2007 por el que se crea el Registro Civil de las parejas de hecho de Galicia.

La doctrina reiterada del TS relativa a la acreditación de la pareja de hecho a los efectos prestacionales:
  • La norma establece la exigencia de dos simultáneos requisitos para que el miembro supérstite de la «pareja de hecho» pueda obtener la pensión de viudedad:
a)      la convivencia estable e ininterrumpida durante el periodo de cinco años. 
b)    la publicidad de la situación de convivencia more uxorio, imponiendo -con carácter constitutivo y antelación mínima de dos años al fallecimiento- la inscripción en el registro de parejas de hecho [en alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia o la constancia de su constitución como tal pareja en documento público.

  • La solución por la que ha optado el legislador no consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo.
  • La pensión de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas de hecho «registradas» y que asimismo cumplan aquel requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas "parejas de hecho".
El TSJ Galicia considera que la interpretación restrictiva de la sentencia de instancia en cuanto a la acreditación de la inscripción en un registro público no es acorde con los términos del precepto de la Ley General de la Seguridad Social, que establece el requisito constitutivo de la inscripción de la pareja de hecho en "alguno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o Ayuntamientos del lugar de residencia", de manera alternativa, y no sólo en los primeros.

Así, el TSJ Galicia estima el Recurso de Suplicación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de Ferrol de fecha 16 de mayo de 2013, y con revocación de su fallo declara el derecho del actor a la pensión de viudedad solicitada en la forma y cuantía reglamentaria condenando al INSS al abono de la misma.

Sentencia del Tribunal Supremo: Las divergencias razonables entre los padres no impiden la custodia compartida

  



     El Tribunal Supremo (STS 96/2015) casa una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla porque “las razones que se esgrimen para desaconsejar la custodia compartida, no constituyen fundamento suficiente para entender que la relación entre los padres sea de tal enfrentamiento que imposibilite un cauce de diálogo.”


   Continúa el Alto Tribunal diciendo

Para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en dos profesionales, como los ahora litigantes.
Esta Sala debe declarar que la custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que pese a la ruptura afectiva de los progenitores se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad.
A la luz de estos datos se acuerda casar la sentencia recurrida por infracción del art. 92 del C. Civil y jurisprudencia que lo desarrolla, asumiendo la instancia, dado que en este caso con el sistema de custodia compartida:
a) Se fomenta la integración del menor con ambos padres, evitando desequilibrios en los tiempos de presencia.
b) Se evita el sentimiento de pérdida.
c) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio del menor, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia”


     El alto tribunal revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que concedió la custodia a la madre al estimar que había un “importante” nivel de conflictividad y tensión en la pareja que permitía inferir que la custodia compartida no sería una solución “sino un semillero de problemas” que iba a intensificar “la judicialización de la vida de los litigantes” e incidir negativamente en la estabilidad del menor. Como pruebas de esa tensión, tuvo en cuenta las “discrepancias serias” por el colegio de escolarización del menor (por motivos económicos, ya que estudiaba en un centro privado no concertado), y el hecho de que la mujer hubiese sido condenada por una falta de coacciones tras una denuncia de su marido por haber cambiado la cerradura de la vivienda familiar.


     De ese modo, la sentencia indica que “para la adopción del sistema de custodia compartida no se exige un acuerdo sin fisuras, sino una actitud razonable y eficiente en orden al desarrollo del menor, así como unas habilidades para el diálogo que se han de suponer existentes en dos profesionales como los ahora litigantes” (en alusión a sus profesiones)



      Ya dijo el TS en su sentencia 757/2013 (STS 5641/2013) que las relaciones entre los progenitores no son, en sí mismas, relevantes o irrelevantes para el establecimiento del régimen que corresponda, sino que se convierten en relevantes cuando pueden afectar al menor. Reiteró dicha doctrina en su STS 619/2014

lunes, 6 de abril de 2015

EL 1 DE JULIO DE 2015 ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CÓDIGO PENAL



El 1 de julio de 2015 tenemos nuevo Código Penal. Entre los ASPECTOS DESTACABLES  encontramos una modificación en más de 250 artículos con las siguientes reformas entre otras muchas:

·       Se suprimen las faltas, aunque alguna de ellas se incorporan como delitos leves.  
·        Introducción Prisión permanente revisable. 
·      Refuerzo del castigo de los delitos de corrupción política y administración pública. 
·        Revisión técnica  de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos contra la propiedad, agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, insolvencias punibles,  entre otros.  
·        Se tipifican nuevos delitos. 
·        Revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena. 
·      Nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios. 
·        Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de la condena ya impuesta.


Entrada en vigor el 1 de Julio 2015, sin perjuicio tal como previene las Disposiciones Transitorias de aplicación de la norma más favorable al reo.
          Podéis consultar el nuevo código en los siguientes enlaces:


 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de   noviembre, del Código Penal.


Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. 



Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.