jueves, 12 de noviembre de 2015

NOVEDADES DEL DERECHO DE DEFENSA: ARTÍCULO 118 LECRIM. SE RECONOCE EL DERECHO A LA ENTREVISTA PREVIA CON EL DETENIDO EN SEDE POLICIAL



Con fecha 6 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
 
Tal y como se recoge en el Preámbulo, ha resultado necesario transponer en el ordenamiento interno la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013. Para ello se modifican los artículos 118, 509, 520 y 527 y se introduce un nuevo artículo 520 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la introducción de las previsiones que el Derecho de la Unión Europea requiere, entre las que destaca el régimen de asistencia de abogado al detenido.
 
La entrada en vigor de los artículos anteriormente mencionados fue el 1 de noviembre de 2015.
 
 
A cualquier persona que se le atribuya un hecho punible podrá ejercitar su derecho de defensa interviniendo en las actuaciones y para ello se le deberá instruir sin demora injustificada de los siguientes derechos: 
  • ·         Derecho a ser informado de los hechos que se atribuyan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho a la defensa. 
  • ·         Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración.
  • ·         Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) del artículo 527.
  • ·         Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
  • ·         Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. 
  • ·         Derecho a traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 a 127.
  • ·         Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen
  • ·         Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
·         Dicha información se facilitará en un lenguaje comprensible y accesible al imputado, adaptándose a la edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. Este derecho de defensa se ejercerá desde la atribución del hecho punible investigados hasta la extinción de la pena sin más limitaciones que la previstas de manera expresa en la Ley.
 
El derecho de defensa comprende: 
  • La asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio. 
 
  • Comunicación y entrevista reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

  • Presencia del letrado en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hecho. 

  • La persona investigada para actuar en el proceso deberá nombrar abogado y procurador o bien se le designará de oficio si una vez requerido para ello no hicieran.

  • Comunicaciones entre abogado e investigado o encausado.

  • Confidencialidad

  • Si durante la ejecución de alguna de las diligencias reguladas en la Ley hubieren sido captadas conversaciones o comunicaciones, el juez ordenará la eliminación de la grabación o entrega al destinatario de la correspondencia detenida, dejando constancia en las actuaciones.

  • No será de aplicación el carácter confidencial de las comunicaciones cuando concurran indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo.
 
 
 

 

miércoles, 23 de septiembre de 2015

jueves, 3 de septiembre de 2015

LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS PERSONALES CON CONSUMIDORES Y NULIDAD DE CLÁUSULAS ABUSIVAS CON INTERÉS SUPERIOR AL 2%



La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado sentencia STS 1723/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1723 de fecha 22/4/2015 que establece la nulidad de las cláusulas no negociadas con intereses abusivos en los préstamo personales, entendiendo por éstas las superiores al 2%.

La sentencia  fija como doctrina jurisprudencial que en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado

 El art. 3.2 de la Directiva 1993/13/CEE establece que « se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión ».

Es decir basta con que la cláusula esté predispuesta e impuesta, en el sentido de que su incorporación al contrato sea atribuible al profesional o empresario.

La sentencia especifica que “para que se considere que las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la contratación no tienen el carácter de condiciones generales, o de cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, no basta con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de "condiciones particulares" o menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado (sobre la ineficacia de este tipo de menciones predispuestas, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos, nos hemos pronunciado en las sentencias núm. 244/2013, de 18 abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015) ni con afirmar sin más en el litigio que la cláusula fue negociada individualmente. Para que la cláusula quede excluida del control de abusividad es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario”.

Igualmente añade que “En definitiva, el sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la procedencia del control de abusividad previsto en la Directiva 1993/13/CEE y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que se pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el predisponente




viernes, 12 de junio de 2015

LA PRESCRIPCION DE LA RECLAMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL A LA ASEGURADORA POR ACCIDENTES DE TRÁFICO


La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 2 de abril de 2014 (recurso número 608/2012, ponente señor Marín Castán), por la que establece que la interrrupción del plazo de prescripción de las reclamación a la aseguradora de responsabilidad extracontractual derivada de accidentes de circulación, una vez que se ha dictado sentencia absolutoria en vía penal, solo se contempla para los casos en que se hubiera dictado auto de cuantía máxima.
Los hechos
Como consecuencia del accidente de tráfico en el que falleció el padre de los demandantes, se siguieron actuaciones penales ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción competente que culminaron con la libre absolución de los conductores de los dos vehículos implicados, que fue confirmada en apelación.
Durante la tramitación del proceso penal la aseguradora abonó diferentes cantidades en concepto de indemnización tanto a los ahora demandantes como a la madre y esposa del fallecido.
Los demandantes reclamaron en vía civil que la compañía aseguradora no había indemnizado la totalidad de los daños y perjuicios a los que los demandantes creían y creen tener derecho, pues además de no haberse indemnizado al conductor -por imputársele la causa del accidente-, las sumas satisfechas a los demás familiares del fallecido eran inferiores a las que les corresponderían según el baremo aplicable.
Tras notificárseles la firmeza de la absolución penal, el letrado de los perjudicados había enviado un primer burofax a la compañía aseguradora (4 de agosto de 2006) reclamando las cantidades pendientes de pago, al que siguió un segundo burofax (13 de diciembre de 2006) y una demanda de conciliación (23 de abril de 2008), intentada sin efecto ante la incomparecencia de la aseguradora (8 de julio de 2008).
Este hecho de que transcurriera más de un año entre el segundo burofax y la demanda de conciliación fue precisamente el argumento de la aseguradora demandada como fundamento de la prescripción alegada en su contestación. 

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda , rechazando que la acción estuviera prescrita al considerar que no cabía iniciar el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil en tanto que no hubiera recaído título ejecutivo. 

El tribunal de segunda instancia estimó el recurso de la compañía de seguros y  revocó la sentencia apelada, desestimando la demanda.

La sentencia del Tribunal Supremo
La Sala, tras recordar que la reciente sentencia del TS de 25 de abril de 2013 estableció que "el inicio del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual viene determinado por el conocimiento por el perjudicado de la existencia del hecho determinante de la responsabilidad («desde que lo supo el agraviado»)", por lo que "El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata non praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( SSTS, entre las más recientes, de 24 de mayo de 2010, rec. nº 644/2006; 12 de diciembre de 2011, rec. nº 2017/2008, y 9 de enero de 2013, rec. nº 1574/2009), de manera que el plazo de prescripción no comienza a correr en contra de la parte que se propone ejercitar la acción mientras no disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar (es decir, hasta el efectivo conocimiento por el perjudicado del alcance o grado del daño corporal sufrido). De ahí que cuando de secuelas se trata, el referido criterio jurisprudencial derivado del principio indicado se traduzca en que la prescripción de la acción para reclamar por secuelas solo se inicia con la determinación de su alcance o de los defectos permanentes originados, pues hasta que no se determina ese alcance no puede reclamarse por ellas (p. ej. STS 9 de enero de 2013, rec. nº 1574/2009, con cita de otras anteriores). Esta doctrina es coherente con el tenor del art. 1968-2º CC y con la que se orienta a interpretar restrictivamente la prescripción por no estar basada en principios de estricta justicia, sino de seguridad jurídica y de presunción de abandono del ejercicio del derecho ( SSTS de 14 de marzo de 2007, rec. nº 262/2000; 6 de mayo de 2009, rec. nº 292/2005; y 24 de mayo de 2010, rec. nº 644/2006), y obedece, en atención al principio de indemnidad, a la necesidad de preservar el derecho del perjudicado a ser íntegramente resarcido en situaciones en que no ha podido hasta entonces conocer en su totalidad el alcance del daño por causas no imputables a su persona o comportamiento (SSTS de 12 de junio de 2009, rec. nº 2287/2004 , y 25 de mayo de 2010, rec. nº 2036/2005). 

Por otra parte, en cuanto a los efectos interruptores del proceso penal en casos como el presente en que a la reclamación civil de responsabilidad extracontractual haya precedido un proceso penal, la jurisprudencia afirma (entre otras, SSTS de 1 de octubre de 2009, rec. nº 1176/2005; 9 de febrero de 2007, rec. nº 595/2001; 3 de mayo de 2007, rec. nº 3667/2000; 16 de junio de 2010, rec. nº 939/2006, y 7 de octubre de 2013, rec. nº 539/2011) que, una vez concluido el proceso penal sin condena, el plazo de prescripción de las acciones civiles, cuando las partes estén personadas en el procedimiento penal, empezará a contarse desde el día en que aquellas pudieron ejercitarse a tenor de lo establecido en el artículo 1969 CC, precepto este que, puesto en relación con los artículos 111 y 114 de la LECrim y 24.1 de la Constitución, lleva a situar ese día en el momento en que la sentencia penal absolutoria o el auto de sobreseimiento, notificados correctamente, hayan adquirido firmeza, puesto que en ese momento se conoce el punto final de la paralización operada por la tramitación de la vía penal preferente y la correlativa posibilidad de actuar en vía civil con arreglo al mencionado artículo 114 LECrim."

Doctrina esta última que "es plenamente compatible con la que se cita como infringida, según la cual si en las actuaciones penales se ha dictado el título ejecutivo -al que se refiere el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 8/2004 , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor-, procede diferir el comienzo del plazo anual de prescripción, que entonces no comenzará a correr sino a partir de que dicho auto se haya notificado. Sin embargo, esto no implica que pueda hacerse regla general de la excepción y dilatar indefinidamente el comienzo del cómputo del plazo de prescripción en los casos en que no se hubiera dictado ese auto, ni tan siquiera se sabe si llegará a dictarse y, en fin, pese a ello el perjudicado no lo ha considerado necesario para poder ejercitar la acción civil de indemnización de daños y perjuicios."

Por lo que concluye:


"CUARTO.- La aplicación de la jurisprudencia citada comporta la desestimación del recurso, siendo razones de esta decisión las siguientes: 

1ª) El interés casacional que se invoca es inexistente, causa de inadmisión del recurso (por falta de concurrencia de los presupuestos que determinan su admisibilidad, art. 477.2 y 483.2.3º LEC ) que en esta fase de decisión se convierte en razón para su desestimación. La alegada infracción de jurisprudencia no se da, pues en ningún momento la sentencia recurrida se aparta de la doctrina jurisprudencial de esta Sala habida cuenta lo dicho de que la posibilidad de diferir -esto es, de mantener el efecto interruptor que produce la tramitación del proceso penal- más allá de la sentencia firme absolutoria o del auto de sobreseimiento o archivo firme, se contempla únicamente para los casos en que se hubiera dictado el auto de cuantía máxima, sin que de dicha doctrina se deduzca una posible aplicación extensiva a casos, como el enjuiciado, en que el auto no se dictó, pues de hacerlo -como ocurriría de acogerse la tesis de la parte recurrente- se estaría poniendo en riesgo la seguridad jurídica, convirtiendo la acción en imprescriptible, y es pacífica la jurisprudencia que afirma que «una cosa es que el plazo de prescripción de un año establecido en nuestro ordenamiento jurídico para las obligaciones extracontractuales sea indudablemente corto y que su aplicación no deba ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, y otra distinta que la jurisprudencia pueda derogar, por vía de interpretación, el instituto jurídico que nos ocupa, pues ello aparece prohibido por el ordenamiento jurídico (SSTS 22 de febrero 1991; 16 de marzo 2010). El plazo prescriptivo es improrrogable y lo propio sucede con los iniciados en virtud de interrupciones anteriores como es el caso, y sería contrario a la seguridad jurídica distinguir entre pequeñas y grandes demoras, algo que no tiene el mínimo apoyo legal ni jurisprudencial, por lo mismo que siempre se ha negado la posibilidad de interpretación extensiva de los supuestos de interrupción (SSTS de 17 abril 1989; 26 septiembre 1997; 26 de febrero 2002; 16 de marzo 2010 y 29 de febrero 2012, entre otras)», 

2ª) En consecuencia, la sentencia recurrida da una solución que se ajusta a la doctrina jurisprudencial y al principio de la actio nata ínsito en el art. 1969 CC . Una vez finalizado el proceso penal por sentencia firme absolutoria y notificada esta, se puede concluir -en línea con lo expuesto por el tribunal sentenciador- que en este caso los perjudicados podían ejercitar su reclamación en vía civil ya que desde entonces contaban con todos los elementos fácticos y jurídicos necesarios para fundar su pretensión. Así lo entendió el tribunal sentenciador, y de los propios términos de la demanda se deduce que la reclamación complementaria a que se contrae este litigio se refería a indemnizaciones que, no discutiéndose la realidad del daño, podían concretarse y cuantificarse sin mayor problema con arreglo al sistema legal de aplicación. Además, la realidad de los hechos demuestra que la falta de título ejecutivo no fue impedimento para que formulasen distintas reclamaciones extrajudiciales frente a la aseguradora, luego demandada. Tampoco se puede compartir el argumento de que el auto de cuantía máxima sea imprescindible para conocer el daño y su valor económico, pues las cantidades que figuran en el mismo son máximas ( "la cantidad líquida máxima que puede reclamarse" ), en ningún caso vinculantes, quedando siempre abierta para el perjudicado la vía del juicio declarativo correspondiente en caso de disconformidad. En conclusión, puesto que los demandantes-recurrentes no encontraron óbice en la ausencia de dicho auto para reclamar extrajudicialmente a la aseguradora, luego dejaron pasar más de un año desde la segunda reclamación extrajudicial hasta la presentación de demanda de conciliación y, en fin, después presentaron la demanda origen del presente litigio, claro está que tampoco para ellos la omisión del auto de cuantía máxima podía impedir el ejercicio de la acción civil ni, por tanto, el comienzo del plazo para su prescripción."

APROBADA EN EL CONGRESO LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL



       El Jueves 11 de junio  se aprobó la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados que tiene, entre otras, las siguientes novedades más llamativas:

  • ·      Impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial “imputado”,  que pasará denominarse “investigado” en una primera fase y “encausado” si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.


  • ·      Igualmente incluye modificaciones dirigidas a evitar la conocida como “pena de telediario” por difusión en los medios de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior, todo ello para proteger sus derechos constitucionales


  • ·     Prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.


  • ·      Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.


  • ·      El Ministerio Público y el resto de personados en el procedimiento tendrán la posibilidad de pedir una prórroga del tiempo de instrucción.


  • ·      Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.



  • ·      Se incluye la obligación de que los arrestados incomunicados sean sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado físico y psíquico