jueves, 23 de marzo de 2017

LAS CLAVES PARA LA RECLAMACIÓN DE GASTOS DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO




En la actualidad existe un gran debate relativo a la posibilidad de reclamar los gastos de formalización del préstamo para la compra  de vivienda. Dichos gastos fueron abonados por el consumidor por imposición del banco..

La sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo del 23 de diciembre de 2015 consideró nulas las cláusulas que imponen al consumidor los gastos derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos. Hablamos de una sentencia que afectó al Banco Popular y a BBVA, pero que puede aplicarse a cualquier entidad bancaria.

Concretamente, Los bancos deben devolver los gastos de registro, notaría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, si bien también puede reclamarse los gastos de tasación de vivienda en el sólo supuesto en que fuese impuesta dicha tasación por el propio banco.

La documentación necesaria para iniciar la reclamación será:
  • factura de la Notaría
  • Factura del Registro de la Propiedad
  • el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (modelo 600)

El primer paso será remitir un escrito al Banco, el cual se recomienda que sea encabezado por el membrete de un despacho de abogados que se contrate, a fin de asegurar su eficacia. El banco tiene un plazo de tres meses para responder y calcular el importe de los gastos.

En el caso de que el banco no responda o su respuesta no se ajuste a nuestros deseos, se puede acudir (siempre que transcurran tres meses) , como segundo paso, al Departamento de Conducta y Mercado del Banco de España. El informe del Banco de España no es vinculante, si bien cada vez con más fuerza, los bancos rectifican su conducta.

En caso de que el Banco continúe sin satisfacer nuestros deseos hay que acudir, como tercer paso, a la vía judicial e interponer una demanda donde es obligatoria la intervención de un abogado y procurador. En este caso hablamos de una duración del proceso que varía entre uno y dos años y contra la sentencia que se dicte cabe recurso, que se tramitará ante la Audiencia Provincial (y que podría alargar los trámites del procedimiento otro año o más).
Las posibilidades de recuperar las cantidades son muy elevadas, pero nunca al cien por cien, ya que dependerá del cada caso concreto.

martes, 18 de octubre de 2016

CONDENA A ASEGURADORA AUNQUE NO SE PUDO PROBAR COMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE




 

La Audiencia Provincial de Cantabria , en Recurso de Apelación 86/2015 de 23 de febrero de 2016 determinó la procedencia de indemnizar a una mujer como consecuencia de la caída en autobús que tuvo al reiniciar éste la marcha, aún cuando no quedó probado la forma concreta en que se produjo la caída.

La sentencia corrobora que la mujer, en su explicación en el acto de la vista sintió “un brusco movimiento que provocó su caída sin tiempo de agarrarse”. El conductor mantiene otra versión “en cuanto que la pérdida de equilibrio no fue causada por ningún movimiento brusco imputable a su actuar”, si bien, subraya la Audiencia, reconoce “que la caída se produce al iniciar la marcha del vehículo para incorporarse a la circulación”.

No imputar al conductor los daños personales causados por un hecho de la circulación sólo es posible cuando interfiere culpa del perjudicado o una fuerza mayor, lo que en este caso no se ha dado.

En esta línea, la sentencia del Juzgado explica cómo la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor establece que, para los daños personales, opera un sistema de responsabilidad distinto al establecido para los daños materiales.

“Sólo cabe exoneración cuando se pruebe que fueron debidos únicamente a negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción”, añade.

Y en base a tal normativa, recuerda el magistrado de instancia que el Tribunal Supremo ha establecido en su doctrina que “si los hechos no se han logrado esclarecer y se reclama por daños personales, resulta obligado estimar la demanda”.

 Concretamente la sentencia dispone:

A tenor del contenido del art. 1 LRCSCVM' -conforme a la redacción dada a esa norma por la ley 30/1995, y posteriormente por el Texto Refundido de la ley 'Sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos .a Motor aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 y la lnterpretación seguida por la jurisprudencia del TS ( sentencia de 16 de diciembre de 2000 y la del Pleno de 10 de septiembre de 2012 ) ha de distinguirse el críterio de atribución de responsabilidad en los supuestos de accidentes de circulación dependiendo de que el resultado dañoso englobe daños personales y daños materiales Cuando de daños personales se trata, como es el caso de autos, bastará con acreditar que esas lesiones traen causa del accidente para que surja la obligación de indemnizar, siempre que la parte contraria no haya acreditado que fueron debidos únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o Fuerza mayor. Como expone el TS , el precepto antes indicado “establece un criterio de imputación de la responsabilidad derivada de daños a las personas causados con motivo de la circulación fundado en el principio objetivo de la creación de riesgo por la conducción. Este principio solamente excluye la imputación cuando se interfiere en la cadena causal la conducta o la negligencia del perjudicado (si los daños de deben únicamente a ella) o a una fuerza mayor extraña a la conducción y al funcionamiento del vehículo, salvo, en el primer caso, que ocurra también negligencia del conductor, pues entonces procede la equitativa moderación de la responsabilidad y el reparto de la cuantía de la indemnización. El riesgo específico de la circulación aparece así completado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de la imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso.”

 

Insiste la sentencia del TS de 4/2/2013 al indicar que “el riesgo específico de la circulación aparece así contemplado expresamente en la ley como título de atribución de la responsabilidad, frente a la tradicional responsabilidad por culpa o subjetiva en que el título de imputación es la negligencia del agente causante del resultado dañoso. Esto es así tanto en el supuesto de daños personales como de daños materiales, pues en relación con ambos se construye expresamente el régimen de la responsabilidad civil por riesgo derivada de la conducción de un vehículo de motor (“daños causados en las personas o en los bienes”: art 1.1 I LRCSCVM). Respecto de los daños materiales si embargo la exigencia , que también establece la LRCSCVM, de que se cumplan los requisitos del art 1902 CC (art 1 .1 III LRCSCVM) comporta que la responsabilidad civil por riesgo queda sujeta al principio , clásico de la jurisprudencia anterior a la LRCSCVM sobre daños en accidentes de circulación, de inversión de la carga de la prueba, la cual recae sobre el conductor causante del daño y exige de ese, para ser exonerado, que demuestre que actuó con plena diligencia en la conducción.

Partiendo de los anteriores antecedentes , no se cuestiona  dos circunstancias relevante: que el daño se produjo por la caída de la actora en el interior del autobús de línea cuando reinició su marcha tras salir de la parada.

“El conductor contradice la versión de la actora en cuanto que la pérdida de equilibrio no fue causada por ningún movimiento brusco pero reconoce lo que inicialmente se afirmaba, esto es, que la caída se produce al iniciar la marcha el vehículo para incorporarse a la circulación.

Con tales datos, francamente escasos pero suficientes para la conclusión judicial la Sala coincide plenamente con el criterio del juez de instancia. La exclusión de la imputación derivada de los daños personales causados por un hecho de la circulación solo hubiera sido posible, y no lo ha sido, por la justificación de la Interferencia causal exclusiva o concurrente (en este caso, con reparto proporcional de los efectos indemnizatorios de la culpa del perjudicado o la presencia de una fuerza mayor extraña a la conducción. Conclusión en fin, que coincide con el criterio de esta Sala, expresado a título de ejemplo en la sentencia de 23 de mayo de 2012, cuando tras afirmar que la caída durante la subida y bajada de pasajero de un autobús constituye un hecho de la circulación (…) en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducción o negligencia del perjudicado."

 

 

 

domingo, 2 de octubre de 2016

AUMENTAN LAS SENTENCIAS OTORGANDO LA CUSTODIA COMPARTIDA



El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado en el mes de septiembre de 2016 sus datos sobre nulidades, separaciones y divorcios correspondientes a 2015. En ellos se refleja que la custodia de los hijos menores de edad fue otorgada a la madre en el 69,9% de los casos, una cifra que ha bajado (en 2014, el porcentaje era del 73,1%).

Mientras, en el 5,1% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,3% de 2014) y en el 24,7% fue compartida (21,2% el año anterior).

El INE tiene estadísticas sobre custodia compartida desde 2007. En ese año, y en los dos siguientes, apenas llegaba al 10%, pero comenzó a subir, de forma constante, en 2010 (10,5%), 2011 (12,3%), 2012 (14,6%), 2013 (17,9%), 2014 (21,2%) y 2015 (24,7%).

El auge de esta modalidad de custodia se debe, fundamentalmente, a la modificación de la postura entre los jueces, más favorable a ella desde el cambio de doctrina que realizó en 2012 el Tribunal Constitucional. También a las leyes de custodia compartida que se han aprobado en Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco o Navarra, donde se aplica por defecto.

Pese a estos porcentajes tenemos que decir que la experiencia nos dice que en la provincia de Sevilla el porcentaje de custodias compartidas otorgadas es mayor que la media nacional, haciéndose eco precisamente de la nueva doctrina Constitucional. Podemos hablar incluso de más de un 70-80 % en caso de parejas que no ofrezcan una problemática especial.

La estadística del INE también señala que han bajado los divorcios (un 4,2%) y las separaciones (7,6%) respecto al año anterior, mientras que el de las nulidades ha aumentado un 27,4%.

Durante 2015 se produjeron un total de 101.357 rupturas matrimoniales, lo que supone una tasa de 2,2 por cada 1.000 habitantes. Cataluña registra la mayor tasa (2,6 por cada 1.000 habitantes), seguida de Cantabria y Canarias (2,4), mientras que Castilla León tiene la menor (1,6).

El 75,9% de los divorcios se produjo de mutuo acuerdo, mientras que el 24,1% restante fueron contenciosos. En el 75,9% de los casos, el pago de la pensión alimenticia correspondió al padre (algo menos que el año anterior: 78,9%); en el 4,5% a la madre (4,6% en 2014), y en el 19,6% a ambos cónyuges (17,1% en 2014).


La duración media de los matrimonios es, según el INE, de 16,2 años. El mayor número de rupturas se produce en la franja de edad entre 40 y 49 años, tanto en hombres (edad media: 46,5 años) como mujeres (44,1 años).

martes, 13 de septiembre de 2016

Sentencia del Tribunal Supremo donde AXA es condenada a pagar 66.328 EUROS en concepto de SEGURO DE DEFENSA JURÍDICA, no operando el límite de 1.500 € de la póliza al haber un CONFLICTO DE INTERESES, porque ambos vehículos estaban asegurados por la misma compañía

Roj: STS 3439/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3439
Id Cendoj: 28079110012016100457
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1644/2014
Nº de Resolución: 481/2016
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA


En la Villa de Madrid, a 14 de julio de 2016
Esta sala ha visto el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de Apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, como consecuencia de autos de juicio ordinario n.º 1517/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao, cuyo recurso fue interpuesto ante la mencionada Audiencia por la representación procesal de don Roman , representada ante esta Sala por la Procuradora de los Tribunales doña Inmaculada Mozos Serna; siendo parte recurrida Seguros Axa Ibérica, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Antonio Seijas Quintana

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  1.º.- El procurador don Javier Ortega Azpitarte, en nombre y representación de don Roman, interpuso demanda de juicio ordinario, contra Seguros Axa Ibérica S.A. y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia en el sentido siguiente:
«se condene al demandado al pago de la cantidad de ochenta mil seiscientos noventa euros con ochenta y cinco céntimos (80.690,85 euros), que se reclama como principal, más los intereses moratorios correspondiente y costas procesales».

2.- La procuradora doña Arantza de la Iglesia Mendoza, en nombre y representación de Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros (Sociedad Unipersonal), contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que: «estimando parcialmente la demanda en cuantía de 1.500,00 euros, con imposición de costas al demandante».

SEGUNDO.- Previos los trámites procesales correspondiente y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitidas el Sr. magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia n º 3 de Bilbao, dictó sentencia con fecha 24 de octubre de 2013 , cuya parte dispositiva es como sigue FALLO:

«1.º Debo estimar y estimó parcialmente la demanda formulada por la representación procesal de don Roman frente a la entidad mercantil Seguros Axa Ibérica S.A., condenando a la entidad demandada a abonar a la actora la cantidad de 66.328,17 euros más los intereses legales conforme a lo preceptuado en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 576 de la LEC .

» 2.º Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por la mitad».

TERCERO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de Seguros Axa Ibérica S.A. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, dictó sentencia con fecha seis de mayo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Con estimación del recurso de apelación planteado por la representación procesal de Seguros Axa contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao en autos de procedimiento  ordinario n.º 1517/12 de fecha 24 de octubre de 2013 y de que este rollo dimana debemos revocar como revocamos la resolución recurrida y se dicta otra por la que únicamente se concede a la parte actora la cantidad de 1500 euros por gastos de abogado y procurador nombrados libremente para su defensa. No se imponen
las costas procesales en ninguna de las dos instancias.

»Devuélvase a Seguros Axa Ibérica S.A. el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por el Secretario Judicial del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución».

CUARTO.- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación de Don Roman con apoyo en los siguientes:  Motivos:  Primero.- Infracción del artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , en relación con el artículo 1261. 1ª CC , toda vez que la interpretación mantenida en la sentencia se opone a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo. Segundo.– Infracción del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro concurriendo interés casacional al existir jurisprudencia del Tribunal Supremo que se manifIesta en términos contrarios al fallo de la sentencia que se recurre. Tercero.- Infracción del artículo 5.1. de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro existiendo interés casacional por la jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.

QUINTO.- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por auto de fecha 24 de Junio de 2015 , se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días.

SEXTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador don Miguel Ángel Baena Jiménez en nombre y representación de Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y reaseguros (Sociedad Unipersonal), presentó escrito de impugnación al mismo.

SÉPTIMO. – No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de Junio de 2016, en que tuvo lugar en base a los siguientes


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Don Roman , ahora recurrente, sufrió un accidente de tráfico cuando circulaba con su motocicleta a resultas del cual tuvo lesiones de gravedad. La motocicleta estaba asegurada en Axa Ibérica S.A. en virtud de póliza que incluía la protección jurídica. Como quiera que el responsable del accidente estaba asegurado en la misma compañía, comunicó a la aseguradora la designación de abogado para la reclamación judicial de los daños sufridos en dicho accidente.
El resultado del pleito y su posterior apelación fue la determinación de la responsabilidad del asegurado y de su aseguradora, Axa. Posteriormente, tanto el abogado como el procurador giraron sendas minutas en las que detallaban sus honorarios; minutas que el Sr Roman pagó y que ahora reclama a su aseguradora. Considera que hubo un claro conflicto de intereses entre asegurado y aseguradora y que, por consiguiente, no opera la limitación económica incluida en la póliza -1.500 euros-.

No lo entendió así la sentencia de la Audiencia provincial que se atuvo al límite cuantitativo fijado en la póliza porque entiende que es una cláusula delimitadora del riesgo y no limitativa de derechos en tanto que viene a concretar, definir y delimitar las circunstancias que deben concurrir para que se entienda que existe el riesgo cubierto, sin que suponga un límite al derecho reconocido puesto que delimita la cuantía de lo que se debe abonar por dicho concepto, conceptuando el derecho y no limitándolo; consecuencia de lo cual aplica el límite previsto en la póliza y reconoce al demandante el derecho a que la aseguradora le abone 1.500 euros por los gastos devengados de asistencia de letrado y procurador de libre designación.

SEGUNDO.- Se han formulado tres motivos de casación contra la sentencia. El primero y el tercero se desestiman. El primero porque plantea una cuestión nueva, imposible en casación, a partir de la cita de una sentencia relativa a las denominadas cláusulas suelo de los contratos de préstamo bancario a interés variable, sin que haya habido debate alguno sobre la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. El tercero porque está mal planteado el conflicto entre sentencias de Audiencias provinciales, no solo porque incumple la mención del mínimo de sentencias contradictorias exigible, sino porque evita el análisis de la identidad del supuesto y la razón decisoria de las sentencias contradictorias.

Sí se estima el segundo.
El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el beneficiario y gastos del proceso, dice la cláusula en cuestión (incluida en las condiciones generales), «es de 1.500 Euros por siniestro». Pues bien, en el caso, estamos ante un conflicto de intereses, puesto que la aseguradora del actor era también aseguradora del demandado y asimismo demandada en el pleito del que derivan los honorarios ahora reclamados. Supone que no ha sido la libre voluntad del asegurado sino
el propio conflicto lo que obligó al asegurado a tener que nombrar abogado y procurador para la reclamar el daño sufrido, que finalmente tuvo que abonar la aseguradora en la parte cubierta por el seguro, sin que la póliza, que en las condiciones particulares contempla como riesgo asegurado la defensa jurídica, sin limitación alguna, incluya ni en estas condiciones ni en las generales, un pacto especial y expresamente aceptado por el asegurado que limite la responsabilidad de la aseguradora en supuestos como este de conflicto entre ambos.

Extender el límite máximo de la obligación del asegurador a los mil quinientos euros supone, en primer lugar, una limitación a la libre designación de abogado y procurador necesario para la efectividad de la cobertura, y, en segundo, derivar contra el asegurado una interpretación extensiva y contraria a su interés, que es el que se protege en esta suerte de contratos de adhesión. El efecto no es otro que el rechazo de una cláusula limitativa del derecho del asegurado, cuya validez está condicionada al régimen especial de  aceptación previsto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro , que se cita en el motivo como infringido, con la consecuencia de hacer responsable a la aseguradora del pago generado por estos profesionales que ha tenido que procurarse para plantear la reclamación y que no es otro que aquel que viene determinado en la sentencia del juzgado, incluido el pago de los intereses, que ha sido aceptado por el recurrente, que no apeló la sentencia, y que no ha sido cuestionado por la recurrida.

TERCERO.- La estimación del recurso de casación supone, en cuanto a costas, no hacer especial pronunciamiento de las causadas en ambas instancias ni de las originadas por este recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 398 y 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .


FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala
ha decidido

1.º- Estimar el de casación formulado por don Roman , contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bizcaia, en fecha 6 de mayo de 2014 .

2.º- Casar y anular la sentencia recurrida y mantener la sentencia del Juzgado de 1ª instancia nº 3 de Bilbao en fecha 24 de octubre de 2013 , en cuanto condena a Axa Ibérica SA al pago de 66.328,17 euros, con los intereses correspondientes.

3.º- No hacer especial pronunciamiento de las costas causadas en ambas instancias ni de las originadas por el recurso de casación. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

lunes, 18 de abril de 2016

TRIBUNAL SUPREMO: PENSION DE ALIMENTOS: NO HAY OBLIGACIÓN DE FIJAR UN MÍNIMO VITAL SI EL PADRE CARECE DE INGRESOS.




En la Sentencia de 12 de febrero de 2015 , Sala 1 del TS resolución 111/2015 Recurso casación 735/2014) ,  (ver sentencia) vino a indicarse que “En casos de penuria económica del padre, lo normal será reducir la pensión a un mínimo que contribuya a cubrir los gastos más imprescindibles del menor, y sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, podrá acordarse la suspensión de la obligación”. El caso que se resolvió era un supuesto en el que se daban las siguientes circunstancias: el padre tenía cubiertas sus necesidades de vivienda y percibía subsidio por desempleo que, a pesar de escaso (426 euros) y gravado (por incumplir sus obligaciones alimenticias), no supone carencia total de ingresos.

Sin embargo, en el caso que se analizó en la Sentencia de 2 de marzo de 2015 el padre no recibía ningún tipo de ayuda pública ni tenia ingresos. En base a ello presentó una demanda de modificación de medidas para que se acordase la suspensión de la obligación alimenticia hasta tanto percibiese algún tipo de ingresos, siendo desestimada la demanda por el Juzgado. Tras el recurso de apelación, la Sec. 5.ª de la AP de Cádiz dictó Sentencia el 16 de diciembre de 2013 acordando suspender temporalmente la pensión alimenticia hasta que el padre obtenga ingresos por un trabajo remunerado o sea beneficiario de algún tipo de pensión, subsidio o cualesquiera otras prestaciones, momento en el que volverá a reanudarse la pensión alimenticia establecida. La madre interpuso recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal Supremo, quien utilizó el siguiente argumento jurídico para mantener la suspensión de la obligación alimenticia:

Ocurre así en este caso -carácter muy excepcional- en atención a los datos que valora la sentencia recurrida. El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil, y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC. Ahora bien, este interés no impide que aquellos que por disposición legal están obligados a prestar alimentos no puedan hacerlo por carecer absolutamente de recursos económicos, como tampoco impide que los padres puedan desaparecer físicamente de la vida de los menores, dejándoles sin los recursos de los que hasta entonces disponían para proveer a sus necesidades.

La falta de medios determina otro mínimo vital, el de un alimentante absolutamente insolvente, cuyas necesidades, como en este caso, son cubiertas por aquellas personas que, por disposición legal, están obligados a hacerlo, conforme a los artículos 142 y siguientes del Código Civil, las mismas contra los que los hijos pueden accionar para imponerles tal obligación, supuesta la carencia de medios de ambos padres, si bien teniendo en cuenta que, conforme al artículo 152.2 CC, esta obligación cesa “Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”, que es lo que ocurre en este caso respecto al padre. Estamos, en suma, ante un escenario de pobreza absoluta que exigiría desarrollar aquellas acciones que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional expresado en el artículo 39 CE y que permita proveer a los hijos de las presentes y futuras necesidades alimenticias hasta que se procure una solución al problema por parte de quienes están en principio obligados a ofrecerla, como son los padres”.